dilluns, 17 de juliol de 2017

112. Opinión para el Mediterráneo



De estos tres números, puede depender la integridad, hasta su grado máximo de las personas. Un incendio, agresiones, inundaciones, pérdidas de personas (niños y personas mayores), violencia de género, etc. Son algunos ejemplos de situaciones en las que es necesaria la actuación rápida del servicio correspondiente, y en ese momento, no se te ocurre cual es el teléfono de los bomberos, policía, equipos de rescate…, pero del 112 siempre te acuerdas, y ellos se encargan de gestionar la asistencia urgente al afectado. Todos recordamos en fechas recientes, el caso del niño de 10 años que se encontró a su madre desvanecida en casa, con un golpe en la cabeza. Como no sabía qué  hacer, llamó al 112. Esto le salvó la vida a su madre.

Yo creo que todos somos conscientes, de la importancia de este servicio. Lo que estoy seguro que no todo el mundo sabe, es que este servicio lo gestiona una empresa privada, y como tal, lo que le interesa es obtener rentabilidad, cuanto más mejor. Y para ello, no tiene ningún problema en aplicar a sus trabajadores unas condiciones, que en cualquier actividad, serían pésimas, pero que aquí, pueden ser fatales para el ciudadano. Me estoy refiriendo concretamente, a qué sólo el 28% de la plantilla está contratado a jornada completa. Que se aplica un sistema de medición, vinculado a un sistema de sanciones que pueden acabar en despido, basado en el número de llamadas que se cogen. Los trabajadores de la bolsa de trabajo (sí, aunque parezca antinatural aquí también hay bolsa de trabajo), pues bien, estos trabajadores son llamados en función del “ranking” de llamadas, es decir, el que menos llamadas coge, será de los últimos en ser llamados. De hecho, se ha suspendido de empleo y sueldo a una trabajadora, por coger pocas llamadas.
La Sección Sindical de UGT en la plataforma operativa 112, ha iniciado una campaña para que los ciudadanos tengan constancia, de cuáles son sus condiciones de trabajo, que perciban que estos trabajadores tienen interés ante sus emergencias, y que la rapidez depende de la situación de la emergencia, y no de una política mercantilista de la empresa. ¿Alguien se imagina un servicio de bomberos gestionado por una empresa privada, y que el salario dependiera del número de incendios?   Surrealista ¿verdad? Pues lo mismo. ¡¡¡ Esto es un servicio público !!!.  Y, además,  declarado como esencial tanto a nivel europeo, como a nivel autonómico por la Ley de emergencias de la Comunidad Valenciana (Ley 13/2010 de 23 de noviembre).
Por todo lo anterior, desde UGT , hemos lanzado una propuesta a todas las administraciones públicas, para que la gestión de este servicio sea directamente a través de empresas públicas en que no primen los beneficios económicos, sino la atención al ciudadano. Esta propuesta en algunos casos, ya ha tenido sus efectos como el Defensor del Pueblo  andaluz y el Tribunal de Cuentas de Andalucía, aconsejando la gestión pública. También a nivel de Comunidad Valenciana han empezado a verse sus efectos en algunos ayuntamientos, aprobándose mociones, en este sentido, y en algunos casos, declaraciones institucionales, instando a la Generalitat a que se haga responsable del servicio. Desgraciadamente, el Ayuntamiento de Castellón, no va a poder realizar la Declaración Institucional, ya que a pesar de estar la mayoría de los partidos de acuerdo, el PP, votó en contra, con lo que no se pudo pasar al pleno ya que requería la unanimidad. Ellos tendrán que explicar porqué votaron en contra. Tendrán que ser muy convincentes, pero difícilmente la gente entenderá porqué un servicio de esta importancia, tiene que depender de intereses empresariales. A pesar de ello, desde UGT, vamos a seguir acudiendo a las distintas administraciones, para que visualicen su apoyo a la propuesta de gestión pública de este servicio por parte de la Generalitat Valenciana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada