divendres, 23 de setembre del 2016

El TTIP perjudica seriamente la igualdad ante la ley.

La Federación de Servicios de UGT Comarques del Nord precinta sus puertas frente al Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones,  al considerar que perjudica seriamente la igualdad ante la ley.


El TTIP amenaza la igualdad de trato a través de mecanismos de resolución de disputas entre inversores y Estados. Dichos mecanismos son tribunales de arbitraje que dictaminarán sobre los conflictos de intereses, al margen de los sistemas judiciales estatales. La sola amenaza de demandas empresariales debilita  la iniciativa legislativa de los estados, pudiendo caer en un “enfriamiento normativo”.
Estos mecanismos conceden a las grandes empresas extranjeras la potestad de demandar directamente a los países ante tribunales internacionales privados y exigirles una indemnización por adoptar salvaguardas en materia de salud, medio ambiente, finanzas u otras medidas internas que, en opinión de dichas empresas, socaven sus derechos.
Los estados de la UE pueden verse obligados a pagar sumas fortísimas, si los cambios legislativos a favor de los intereses de la ciudadanía, van en contra de los intereses de las grandes empresas.
Estos tribunales otorgan a las empresas el mismo estatus que a los gobiernos, privatizando el sistema de resolución de conflictos entre países al permitir que una empresa pueda demandar a otra mediante un arbitraje privado.
En UGT pensamos  que la protección de la inversión puede y debe hacerse mediante los procedimientos legales domésticos disponibles. Si realmente queremos dar un paso más en la gobernanza mundial, debería ser un tribunal público internacional, respetando la legislación sobre Derechos Humanos, sociales y ambientales, el que se encargase de estos negociados.

Ya hay ejemplos de inversores que, amparándose en tratados de libre comercio, han impugnado leyes en países que protegen la salud pública (como leyes antitabaco), prohibiciones sobre el uso de productos tóxico o de la explotación minera, normas que requieren evaluaciones de impacto ambiental y otras leyes relacionadas con residuos peligrosos, medidas tributarias y políticas fiscales, al entender que lesionan sus derechos como inversores y pueden dañar su potencial lucro.

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