El documento presentado
esta mañana en el registro de entrada de la Conselleria de Bienestar Social
implica una enmienda a la totalidad del borrador de la Orden y del decreto que regulan los
requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a
sus familias, en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunitat Valenciana.
Las organizaciones
firmantes denuncian que “el copago introducido
por el Consell a toda persona usuaria de centros y servicios de atención a la
discapacidad y enfermedad mental, es un nuevo ataque a los colectivos que
necesitan una mayor atención por parte de los poderes públicos”.
Entre las exigencias más destacables
del documento, los firmantes han reclamado:
Derogación inmediata de la Orden de la Conselleria de Bienestar Social,
por la que se modifica la Orden 21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria de
Justicia y Bienestar Social y del Decreto 113/2013, de 2 de agosto.
Inicio de una negociación
que tenga en cuenta a todos los colectivos implicados: personas usuarias,
familias, entidades, profesionales y agentes
sociales
Salvaguarda
de una atención plenamente normalizada y con el nivel de calidad que precisan
las personas con discapacidad y dependencia
Resolver
los problemas de financiación de los Centros y Servicios de Atención Social, y
de sus profesionales
Ya se han producido más de cien bajas en los centros
La Plataforma y los sindicatos presentes en el
registro del documento han denunciado que la situación es cada vez más grave,
ya que las personas con discapacidad o dependencia y sus familias ya vienen
sufriendo otros copagos (de tipo farmacéutico y ortoprotésicos) así
como retrasos en el cobro de las subvenciones.
Por su parte, el personal de sector también acumula
meses de impago de salarios y serias dificultades para la realización de actividades
básicas con las personas usuarias, al no disponer de dinero en efectivo.
En las alegaciones a la normativa autonómica se
destaca que “las familias y personas
usuarias no merecen este trato indigno, que provoca situaciones extremas como
la disyuntiva entre abandonar los Centros y Servicios de atención, por tener
que hacer frente a otros gastos
imprescindibles para subsistir como medicinas o alimentos, etc.
Cualquier modificación de la
normativa tiene una repercusión directa sobre el empleo y las condiciones de
trabajo de quienes trabajan en los centros atendiendo a las personas con
discapacidad. Si los efectos de estas medidas fuerzan a los usuarios y usuarias
a abandonar los centros por no poder hacer frente al coste del copago, los
trabajadores y trabajadoras también perderían su empleo.
Hasta el momento, ya se han registrado más de
cien bajas por este motivo, con el consiguiente empeoramiento de la
calidad de vida y sobrecarga familiar que este abandono de un centro
especializado implica.
La
Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia reconoció un derecho subjetivo de ciudadanía de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia a
través de la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia mediante una acción coordinada y cooperativa de la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas.
Han pasado más de 7 años
desde su aprobación y lejos de estar totalmente implantada en nuestro
territorio, las sucesivas modificaciones de la ley y su pobre desarrollo
por parte de la Conselleria de Bienestar
Social (con más de 23.000 personas dependientes a la espera de su PIA, etc)
supone en estos momentos la demolición práctica de la ley en nuestra autonomía.
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