LOS DATOS DEL PARO DEL MES DE OCTUBRE CONFIRMA EL
ESTANCAMIENTO DEL MERCADO LABORAL EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.
Los datos conocidos hoy que
sitúan el número de desempleados en 60.135 personas confirman la situación de
atonía y parálisis que vive el mercado laboral de la provincia de Castellón,
que por tercer mes consecutivo vuelve a perder empleo, sin que las perspectivas
a corto plazo indiquen un cambio de tendencia.
Este datos, extremadamente
preocupantes, confirman que la política de ajustes presupuestarios seguida por
la Unión europea y aplicada a rajatabla por el gobierno central y los gobiernos
autonómicos es una política suicida que nos lleva a un estancamiento de la
actividad económica y a empeorar las posibilidades de salir de esta situación
de crisis en el corto plazo.
La provincia de Castelló,
que lleva sufriendo desde hace más de tres años un proceso brutal de pérdida de
empleo, necesita un impulso de su actividad económica que en estos momentos tan
solo puede venir desde la administraciones públicas, redefiniendo las políticas
de gasto y orientándolas al
estímulo de la actividad productiva, unido a una necesaria reforma fiscal, a
una recuperación del crédito a familias y empresas y a una apuesta por el
Estado del Bienestar, que conllevarán la recuperación de la actividad y el
crecimiento económico y, con ellas, la recuperación del mercado de trabajo.
La
única forma de crear empleo es recuperando la actividad y el crecimiento
económico, por lo que desde la UGT consideramos que las políticas que se
están llevando a cabo no sólo son erróneas, sino que nos hunden cada vez más.
A
estas cifras se une el hecho de que de aproximadamente un tercio de los
desempleados y desempleadas de la provincia de Castellón no perciben ningún
tipo de prestación y según los datos de la EPA 22.700 viviendas familiares de
las 222.700 de la provincia de Castelló tiene a todos sus miembros desempleados
, y en 11.700 de ellas ninguno de sus miembros percibe algún tipo de prestación
o subsidio, lo que nos reafirma en la necesidad de mantener las políticas de
protección social.
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