La Federación de empleados y empleadas de los
Servicios Públicos de UGT Comarques del Nord precinta sus puertas al Tratado
Trasatlántico de Comercio e Inversiones. Este acuerdo pone en riesgo los servicios
públicos.
El TTIP,
en su afán de proteger y garantizar los intereses de los grandes
inversores extranjeros por encima de cualquier derecho ciudadano, podría
privatizar los servicios públicos fundamentales, que en la UE constituyen un
derecho fundamental reconocido.
Los beneficios económicos que pueden aportar
servicios como la sanidad, la educación o la seguridad, representan una gran
tentación para las multinacionales. El TTIP abre las puertas de acceso a las
licitaciones públicas a los países que formen parte del tratado, con el
deterioro en servicios que esto supone.
El argumento que utiliza la comisión de
negociación del TTIP es que existe una
excepción a la privatización de los
servicios públicos, y es que no se privatizarán los servicios que “presta la
autoridad estatal”, pero solo en el caso de que el servicio lo preste en
exclusiva el Estado, ya que si el servicio se presta “sobre una base comercial o en
competencia con uno o más operadores económicos” se anula la excepción.
La realidad es que prácticamente todos los
servicios públicos prestados por el Estado coexisten y compiten con empresas
privadas prestadoras de los mismos servicios, por lo que esa exención se limita
prácticamente al sistema judicial y al orden público.
Sin ir más lejos, en España, en la Comunidad
Valenciana, tenemos el Hospital de Alcira, que ha sido privatizado en su
totalidad. Basándonos en estudios realizados por FeSP UGT PV, podemos afirmar que además de
dar peor servicio a los ciudadanos, es bastante más cara su gestión privada que
cuando era pública.
Pero no nos equivoquemos, estos tratados como
el TTIP no quiere la desaparición total del Estado, sólo de los servicios que
presta a sus ciudadanos, ya que le necesitan para que proteja sus beneficios y
financie sus riesgos empresariales.
En conclusión, podemos afirmar sin temor a
equivocarnos que, si la voluntad político-económica es privatizar, ningún
sector se librará de ello.