El TTIP perjudica seriamente los servicios públicos.

La Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos de UGT Comarques del Nord precinta sus puertas al Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones. Este acuerdo pone en riesgo los servicios públicos.

El TTIP,  en su afán de proteger y garantizar los intereses de los grandes inversores extranjeros por encima de cualquier derecho ciudadano, podría privatizar los servicios públicos fundamentales, que en la UE constituyen un derecho fundamental reconocido.

Los beneficios económicos que pueden aportar servicios como la sanidad, la educación o la seguridad, representan una gran tentación para las multinacionales. El TTIP abre las puertas de acceso a las licitaciones públicas a los países que formen parte del tratado, con el deterioro en servicios que esto supone.

El argumento que utiliza la comisión de negociación del TTIP  es que existe una excepción a la  privatización de los servicios públicos, y es que no se privatizarán los servicios que “presta la autoridad estatal”, pero solo en el caso de que el servicio lo preste en exclusiva el Estado, ya que si el servicio  se presta “sobre una base comercial o en competencia con uno o más operadores económicos” se anula la excepción.

La realidad es que prácticamente todos los servicios públicos prestados por el Estado coexisten y compiten con empresas privadas prestadoras de los mismos servicios, por lo que esa exención se limita prácticamente al sistema judicial y al orden público.

Sin ir más lejos, en España, en la Comunidad Valenciana, tenemos el Hospital de Alcira, que ha sido privatizado en su totalidad. Basándonos en estudios realizados por  FeSP UGT PV, podemos afirmar que además de dar peor servicio a los ciudadanos, es bastante más cara su gestión privada que cuando era pública.

Pero no nos equivoquemos, estos tratados como el TTIP no quiere la desaparición total del Estado, sólo de los servicios que presta a sus ciudadanos, ya que le necesitan para que proteja sus beneficios y financie sus riesgos empresariales.

En conclusión, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, si la voluntad político-económica es privatizar, ningún sector se librará de ello.