La Federación de Servicios de
UGT Comarques del Nord precinta sus puertas frente al Tratado Trasatlántico de
Comercio e Inversiones, al considerar
que perjudica seriamente la igualdad ante la ley.
El TTIP amenaza la igualdad de trato a través de
mecanismos de resolución de disputas entre inversores y Estados. Dichos
mecanismos son tribunales de arbitraje
que dictaminarán sobre los conflictos de intereses, al margen de los sistemas
judiciales estatales. La sola amenaza de demandas empresariales debilita la iniciativa legislativa de los estados,
pudiendo caer en un “enfriamiento
normativo”.
Estos mecanismos conceden a las grandes empresas
extranjeras la potestad de demandar directamente a los países ante tribunales
internacionales privados y exigirles una indemnización por adoptar salvaguardas
en materia de salud, medio ambiente, finanzas u otras medidas internas que, en
opinión de dichas empresas, socaven sus derechos.
Los estados de la UE pueden verse obligados a pagar
sumas fortísimas, si los cambios legislativos a favor de los intereses de la
ciudadanía, van en contra de los intereses de las grandes empresas.
Estos tribunales otorgan a las empresas el mismo
estatus que a los gobiernos, privatizando el sistema de resolución de
conflictos entre países al permitir que una empresa pueda demandar a otra
mediante un arbitraje privado.
En UGT pensamos que la protección de la inversión puede y
debe hacerse mediante los procedimientos legales domésticos disponibles. Si realmente queremos dar un paso más en la
gobernanza mundial, debería ser un tribunal
público internacional, respetando la legislación sobre Derechos Humanos,
sociales y ambientales, el que se encargase de estos negociados.
Ya hay ejemplos de inversores que, amparándose en
tratados de libre comercio, han impugnado leyes en países que protegen la salud
pública (como leyes antitabaco), prohibiciones sobre el uso de productos tóxico
o de la explotación minera, normas que requieren evaluaciones de impacto
ambiental y otras leyes relacionadas con residuos peligrosos, medidas
tributarias y políticas fiscales, al entender que lesionan sus derechos como
inversores y pueden dañar su potencial lucro.
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