Responsabilidad social y contratación pública

Seguro que estaremos todos de acuerdo en que el mes de Agosto, con el calor y las vacaciones, no parece el momento ideal para tratar sobre legislación y responsabilidad social. 

Pero es verdad que, con tantas noticias que se acumulan en estos tiempos, parece haber pasado desapercibida la aprobación el pasado 4 de Julio, por el pleno de las las Cortes Valencianas, de la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social.

Bajo este título que a primera vista puede parecer poco atractivo, se encuentra un importante texto que es el segundo en España que aborda esta materia, incorpora criterios sociales, éticos y medioambientales en la contratación pública, e impide trabajar con empresas que operen en paraísos fiscales. Además la norma prevé la aprobación del Plan Valenciano de Responsabilidad Social, y obliga a la Administración de la Generalitat a elaborar una memoria anual de Responsabilidad Social, con las medidas llevadas a cabo en este ámbito.

 

Así, esta ley sitúa a la Comunitat como referente en el centro de las políticas públicas y es la herramienta para velar por una contratación y compra pública responsables. Y el objetivo de la misma, que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto el PP que ha votado en contra, es favorecer prácticas socialmente responsables en las Administraciones Públicas.

Desde UGT-PV se ha venido trabajando desde hace tiempo la inclusión en el texto de la misma, vía enmiendas, aspectos encaminados a contemplar la subrogación del personal, o el establecimiento de una plantilla mínima. Todo ello con el fin de mejorar las condiciones laborales y la estabilidad de quienes prestan servicios en contratas de la Administración.
En definitiva, se trata de una ley que velará por impulsar una contratación responsable que incorpora aspectos sociales, éticos y medioambientales en los procedimientos de licitación como las oportunidades de empleo, el trabajo digno, el cumplimiento con los derechos sociales y laborales, la inclusión social o la igualdad de oportunidades, entre otros.
Las enmiendas a la misma, impulsadas por UGT-PV y presentadas junto con CCOO PV a lo largo del proceso de tramitación de la norma, establecen entre otros aspectos: La obligatoriedad de la subrogación directa del personal frente a un cambio de contrata; la aplicación del convenio sectorial, o el de empresa si fuera más beneficioso; o la obligación de fijar en los contratos el número mínimo de horas y personas necesarias para el cumplimiento de un servicio de calidad.

Tengamos en cuenta que la administración es contratista en muchos campos, entre ellos sectores como el de la limpieza o el de la seguridad, donde la temporalidad y la precariedad están a la orden del día y en los que muchas veces la contratación se ha basado únicamente en un criterio cortoplacista y cicatero de precio, sin atender a otras situaciones como posibles impagos anteriores a los trabajadores, etc. de acuerdo a la legislación que implantó Montoro como anterior ministro de Hacienda y Función Pública.

En suma, una ley social muy importante por la que debemos felicitarnos por su aprobación y estar vigilantes en su cumplimiento.

Publicado en Periódico Mediterráneo