La próxima semana la Unión General de Trabajadores realizará
una jornada sobre la Responsabilidad Social en la Contratación Pública. El
punto de partida es la novedosa normativa que existe en la actualidad sobre
este tema. Por una parte tenemos la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
que entró en vigor el pasado mes de marzo y por otra la Ley Autonómica para el
Fomento de la Responsabilidad Social cuya entrada en vigor se produjo en el mes
de Agosto.
Ambas normas tienen su origen y fundamento en la traslación
de Directivas Europeas, en especial la 2014/24/UE, al ordenamiento interno
español y en las que la Unión Europea considera la Responsabilidad Social como
una herramienta primordial dentro de la Estrategia Europa 2020, teniendo la
contratación Pública un papel relevante.
Desde el punto de vista sindical ya se consideró muy positiva
la introducción en la Contratación Pública de consideraciones de tipo social y
medioambientes como elementos a tener en cuenta en las adjudicaciones.
Igualmente se consideraron positivas las medidas encaminadas a fomentar la
transparencia, que es uno de los objetivos que persigue la Ley 9/2017 y que es
predicable no solo para la contratación, sino para toda actuación de las
Administraciones Públicas y que UGT echa en falta en algunas Corporaciones Locales de esta Provincia, independientemente
del signo político que ostenten.
Con la normativa autonómica se ha dado un paso más y la
Generalitat ha asumido que el concepto de Responsabilidad Social no tenía que
estar únicamente circunscrito al ámbito del sector privado y por tanto lo ha
asumido como propio al entender que aporta un valor añadido a la sociedad.
Es cierto, que la consecución de los objetivos que marca la
norma autonómica, supone una gran dosis de voluntariedad, pero también es
cierto, que puede reglamentarse que esa voluntariedad sea objetivamente
puntuable a la hora de las adjudicaciones y concesiones.
Y es en este punto, es donde la labor sindical se ha de
notar. Por ello, volviendo al inicio de este artículo, se ha organizado esta
jornada, para que expertos del tema, pongan encima de la mesa todos aquellos
instrumentos y resortes que puedan ampararse en la normativa citada e intentar que esa voluntariedad sea
la norma general y no la excepción.
Porque no hay que olvidar, que UGT es un sindicato de clase
que tiene como fin primordial la defensa de los intereses legítimos de los
trabajadores y trabajadoras, pero también es un Sindicato con una clara visión
transversal de los temas y por tanto siempre se implicará en todo aquello que
sirva para conseguir una sociedad más justa y equitativa, y por qué no decirlo,
más humana.
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