El pasado mes de marzo, UGT y el resto de Sindicatos de la
Función Pública, firmaron un acuerdo con el Gobierno por el que se restituyen
derechos y salarios a las empleadas y empleados públicos, y que representa el
comienzo de una recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años
(13.1%), y un reconocimiento del compromiso, que a pesar de la coyuntura
económica, ha tenido este colectivo con el mantenimiento de los servicios
públicos. Reconocimiento que se enmarcará dentro de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018.
Un Acuerdo, que supone un punto y aparte en la actitud
mantenida hasta ahora por el Gobierno, al permitir un crecimiento neto del
empleo público, que redundará en la calidad de los servicios públicos e
impedirá que en la Administración Local, la más cercana a los ciudadanos y
ciudadanas, se produzcan reducciones de plantilla, como sucedía hasta ahora
(desde el 2010 se han perdido un total de 114.795 puestos de trabajo) y que
permitirá, por tanto, la adecuada cobertura en la obligada prestación de nuevos
servicios públicos. Si a todo ello sumamos la liberación de fondos de
ejercicios presupuestarios de años anteriores, congelados como consecuencia de
las leyes de estabilidad del Ministro Montoro, nos encontraremos ante una
situación en la que los ciudadanos podrán comprobar, cómo los servicios básicos
en sus respectivos Ayuntamientos son reforzados.
En resumidas cuentas, un Acuerdo que potencia la negociación
para acordar cuestiones tan importantes como calendarios, jornadas y
conciliación de la vida laboral y familiar (esta conciliación nos permitiría,
entre otras cosas por ejemplo, poder asistir presencialmente a la impartición
de un máster, siempre que te lo puedas permitir, claro). Un concepto este, la
negociación, que para la Unión General de Trabajadores es el elemento clave
para el desarrollo democrático de una sociedad.
Esta negociación, que parece haberse implantado dentro de la
Administración con este Acuerdo, creemos que necesariamente debe trasladarse al
ámbito de la Empresa privada. Es un hecho incontrovertible, que las últimas
reformas laborales y sobre todo la del 2012, han provocado un desequilibrio
brutal de fuerzas, que ha impedido una verdadera redistribución de los
excedentes empresariales, un uso abusivo de las clausulas de descuelgue y un
intento, por parte de un cierto número de “empresarios” de ningunear a las
Centrales Sindicales. Seguramente a esa parte empresarial sería preciso
recordarles que el artículo 7 de la CE consagra a los Sindicatos como
organizaciones básicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales.
Y seguramente a las Administraciones Públicas habría que
exigirles que ese recuerdo fuera más contundente con toda aquella parte
empresarial que tienen concesiones administrativas, del tipo que sean, pero
sobre todo las relacionadas con los servicios públicos básicos, es decir,
servicios sociales, enseñanza y sanidad, incluido el transporte sanitario.
Artículo de Opinión de Emilio Llanos, Secretario Intercomarcal de FeSP-UGT PV Comarques del Nord.
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