CCOO, UGT,
CSIF y Sindicato Libre, organizaciones sindicales mayoritarias y que suman el
85% de la representación de los 57.000 trabajadores/as de Correos, han
anunciado movilizaciones conjuntas en todo el Estado durante los próximos
meses, ante la ausencia de iniciativas del Gobierno para garantizar la
viabilidad de la empresa pública y del servicio que presta a la ciudadanía.
Las
cuatro organizaciones sindicales comparten el diagnóstico, nada alentador,
sobre la situación de Correos, motivado por una acción de Gobierno y una
política en materia de servicio postal público que se ha caracterizado por el
recorte y el bloqueo de iniciativas para la modernización de Correos.
Así, en
la presente legislatura, se ha producido un recorte sin precedentes en la
financiación del Servicio Postal Universal, que ha pasado de 180 a 57 millones
de euros en 2017, que se repetirá en 2018 en caso de prórroga de los
Presupuestos Generales del Estado y que se ha trasladado directamente a la
cuenta de resultados, provocando el déficit más alto de la historia de Correos,
unos 150 millones de euros. Además, el Gobierno se comprometió con los cuatro
sindicatos en junio pasado a restituir el recorte, lo que no ha hecho, y a
poner en marcha un grupo de trabajo para elaborar el Plan de Prestación del
Servicio Postal Universal -que determinará el modelo y las cuantías de
financiación del mismo- del que tampoco se ha tenido noticia alguna en más de 8
meses.
Además,
el mercado postal viene transformándose en los últimos años como consecuencia
de la sustitución del correo tradicional -con descensos del 5% anual- por
comunicaciones electrónicas, de un lado, y de otro, por el incremento de la
paquetería a raíz del desarrollo del comercio electrónico -con incrementos del
25% anual-. Ante esta situación, todos los grandes Correos europeos, con el
apoyo de sus Gobiernos, han optado por ampliar su actividad logística y de
paquetería ante el progresivo descenso de la carta tradicional, al tiempo que
han mantenido su Banco Postal. Correos es una
preocupante excepción, al depender de la carta en un 85% de sus ingresos y
verse por tanto con una disminución de ingresos, envíos gestionados y
beneficios. La necesaria apuesta por la diversificación, entrando de lleno en
la paquetería, los servicios financieros o la restitución del Banco Postal, es
la gran cuenta pendiente de Correos, así como la aprobación de un Plan
Estratégico que Hacienda, propietario de la empresa pública, mantiene incomprensiblemente
bloqueado y que impide su modernización y adaptación a la actual realidad del
sector.
El
empleo es el tercer elemento que los sindicatos denuncian como motivo del
conflicto. Los sindicatos han señalado la destrucción de 15.000 empleos en los
últimos nueve años a nivel estatal150 en la
provincia, apenas mitigados por las dos últimas e insuficientes ofertas de
empleo y con carencias claras en la prestación del servicio público postal a la
ciudadanía como ya se está palpando en los distritos de la capital en la UR1 de Castellón han pasado de 45 a 42 y de
solo gestionar Castellón a gestionar además las poblaciones Borriol, y el Grao,
en Villarreal han pasado de 25 a 20 5 menos y en menor medida en otros pueblos como
Benicasim , Benicarló ….
Las
cifras que barajan los sindicatos si se mantiene el recorte presupuestario de
más de 120 millones de euros, sería la supresión de 30.000 puestos a nivel
estatal a medio plazo, 200 en la provincia que
dejaría a la ciudadanía prácticamente sin reparto y se convertiría en un drama
social.
Señalan,
igualmente, la pérdida de poder adquisitivo, con los salarios congelados y
recortados desde 2010, el deterioro de las condiciones laborales y la
instauración durante los últimos años de modalidades de empleo precario
alcanzando cifras vergonzantes como un 35% de contratos eventuales y un 22% de
puestos a tiempo parcial de entre cuatro, 8 y 16 horas semanales.
Ante
esta situación, CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre han reiterado sus demandas -condicionando
el desarrollo del conflicto a la respuesta del Gobierno- para que se
desbloqueen los elementos que mantienen en zona de riesgo la continuidad del
Correo Público: que se restituya el recorte de financiación, se apruebe el Plan
de Prestación con una dotación suficiente y se dé vía libre a un necesario Plan
Estratégico para la diversificación de la actividad. Y finalmente, para que se
garantice la plantilla suficiente, con tasas de reposición por encima del 100%
que permitan recuperar empleo, incrementos salariales por encima del IPC, el
poder adquisitivo perdido con incrementos específicos, más allá de los pactados
en el ámbito de la Función Pública para Correos y una regulación de las
condiciones de trabajo que ponga fin a la creciente precariedad en el modelo de
empleo.
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