Cuando salga publicado este artículo, se habrá celebrado ya en
Valencia la manifestación que bajo el lema POR
UNA FINANCIACIÓN JUSTA ha sido promovida por UGT entre otros, y que
algunos grupos han intentado compararla, de forma mal intencionada, con
situaciones existentes en otra parte de España. Otros grupúsculos, en cambio, la han querido utilizar para conseguir no se
sabe bien que fines.
Pero con la celebración de la manifestación no se tiene que
dar por finalizado nada. Es preciso continuar demandando una financiación justa,
porque a ella está asociado el aumento de recursos en investigación e
innovación, la mejora del empleo que nos conduciría a una verdadera justicia
social y el conseguir una mejor vertebración territorial a través de
inversiones en infraestructuras que son el verdadero motor de la economía.
Y es que además, con la organización territorial establecida
en nuestra Constitución, los Servicios Públicos esenciales están transferidos a
las Comunidades Autónomas. Servicios públicos que son el pilar básico en la
configuración del estado del bienestar y entre los que adquieren especial
relevancia la SANIDAD, LA EDUCACION Y LOS SERVICIOS SOCIALES. Pero esos
beneficios del estado del bienestar no pueden ser implementados sin una
dotación presupuestaria justa.
La primera consecuencia de la infrafinanciación es el hecho
de que somos la Comunidad Autónoma que menos empleo público tienen en relación
con el número de habitantes (45.4 por 1000 habitantes), y no nos equivoquemos,
si queremos unos servicios públicos de calidad debemos tener los recursos
humanos necesarios para poder ejecutarlos. Un ejemplo claro de lo que acabo de
decir es que con una financiación justa se conseguiría incrementar en un tercio
la plantilla de docentes o construir 78 nuevas escuelas durante esta
legislatura.
Ante la enfermedad, queremos tener las mismas oportunidades
que en otras Comunidades, es decir queremos tener una sanidad pública de
calidad y en igualdad. En este caso el ejemplo también es claro: con una
financiación justa se podrían construir
41 nuevos hospitales comarcales (tantos como comarcas existen en la Comunidad
Valenciana).
Y qué decir de la Dependencia, la lista de espera es tan
enorme que como consecuencia de la misma, personas fallecen sin poder recibir
una atención digna. Simplemente se pide que la aportación estatal que recibe la
Comunidad Valenciana, un 12%, se eleve a la aportación media que el Estado
tiene con otras Comunidades y que ronda el 20%.
Por tanto, desde UGT pensamos que debemos seguir reivindicando
en todos aquellos foros en los que tengamos presencia, una financiación justa, porque
creemos que de ella depende, en gran medida, conseguir que desaparezcan las
desigualdades entre personas residentes en los diferentes territorios y al
tiempo, disfrutar en nuestra Comunidad de los beneficios del estado del
bienestar.
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