Este
miércoles, 21 de Junio, dos trabajadores se enfrentan a un juicio en que la
Fiscalía les pide siete años (sí, han leído bien, siete años) de prisión por
haber estado informando a otros trabajadores de los motivos de la convocatoria durante
la última huelga general, la del 29 de marzo de 2012.
Estos dos
trabajadores, Rubén Ranz y José Manuel Nogales, formaban parte de un piquete en
una cafetería cercana al Hotel Ritz de Madrid, que se encuentra en la Plaza de
La Lealtad; se empezó a repartir propaganda de la huelga general y en ese
momento se inició un altercado con uno de los camareros, que desembocó en una
carga de la policía; con tan mala fortuna que uno de los policías de la unidad
se tropezó, y a resultas de ello se hizo una herida en la cabeza. Los
trabajadores llamaron al SAMUR para que atendieran al herido, y ello propició
que el jefe de la unidad los acusará de agresión.
Los piquetes
han sido siempre herramientas para informar y facilitar que aquellos
trabajadores que quieran hacer huelga puedan hacerla, y ¿cuál era el motivo de
esta huelga general para que los trabajadores decidiéramos perder un día de
salario y de cotización a la seguridad social? Evidentemente era la respuesta a
una agresión anterior, la Reforma Laboral de febrero de 2012, que era la más
profunda que sufría el Estatuto de los Trabajadores desde que se aprobó esta
norma en 1980, y que aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy abría la puerta
a la decisión unilateral del empresario en muchos aspectos de las relaciones
laborales (abaratamiento del despido, negociación colectiva, cambios de
condiciones sustanciales de trabajo). Ese mismo año el Gobierno aprobaba la
amnistía fiscal que el Tribunal Constitucional ha sentenciado recientemente
como inconstitucional con argumentos tan graves como que "supuso la
abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de
concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".
En los últimos
años cerca de 300 personas, 89 de ellas de UGT, han sido procesadas por
participar en huelgas y piquetes, principalmente por su participación en las
huelgas generales de 2010 y 2012, e incluso condenadas a penas de cárcel; ello
ha sido posible gracias al artículo 315.3 del Código Penal, apartado que trata
de un delito de coacciones a la huelga que no tiene sentido, ya que el propio
Código Penal contempla un delito de coacciones y el mantener un tipo agravado
para la huelga es contrario a esta como derecho fundamental que consagra la
Constitución.
Así, UGT y
CCOO registramos en el Congreso nuestra propuesta para derogar el 315.3,
redactado durante la dictadura de Franco (de la que algunos parecer ser
nostálgicos) y que llevaba sin aplicarse desde entonces hasta las últimas
huelgas generales. Una propuesta en ese sentido se aprobó en el Congreso por la
mayoría de la oposición el 16 de Mayo.
Así a estos
dos trabajadores y sindicalistas se les juzga cinco años después de la
detención, cinco años que para ellos ha supuesto un verdadero calvario, igual
que para sus familias, porqué ha supuesto también un juicio y condena social; y
no es admisible lo que ellos y sus familias están sufriendo desde entonces,
indefensión ante esta situación y el temor por un juicio que finalmente se
celebra.
Por todo ello
desde UGT vamos a seguir trabajando para la derogación de este artículo 315.3
del Código Penal, que entendemos contrario a la Constitución en cuanto esta
reconoce la huelga como derecho fundamental. Y este miércoles 21 de Junio nos
vamos a movilizar para demostrar nuestro apoyo con una marcha que acompañará a
los dos compañeros, Rubén y José Manuel, “Los dos de la Plaza de la Lealtad”, que
son juzgados por ejercer el legítimo derecho de huelga.
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