Dignidad y Derechos
Manifiesto:
El Gobierno continúa caminando por la senda equivocada y sigue agarrándose a la recuperación en ciernes que arrojan algunos indicadores económicos, pero que no alcanza a las personas. La crisis ha golpeado salvajemente a millones de personas; ha empobrecido a los pensionistas, a los empleados públicos, a los jóvenes, a todos los trabajadores y a las trabajadoras en general, y no se percibe un cambio de rumbo en la situación.
La radiografía de nuestro mercado laboral es demoledora: 5.427.700 personas en desempleo, continua descendiendo la población activa, se deterioran cada vez más las condiciones de trabajo, desciende el empleo estable y crece el temporal, el parcial no voluntario y precario.
A la par que se ha degradado el mercado de trabajo, han crecido las desigualdades, se ha extendido la pobreza, se han recortado de forma persistente derechos y libertades, se han debilitado el Estado de bienestar, de forma incomprensible en tiempos de crisis; se han reducido servicios públicos y hay menos recursos para la educación, la sanidad, la investigación y el desarrollo, la justicia, las administraciones públicas, y la atención a las personas.
Por este motivo, con estas concentraciones, queremos reclamar:
Más inversión y servicios públicos, porque es necesario impulsar la reactivación económica con mayor implicación de las Administraciones Públicas; reducir el desempleo; contribuir al cambio de modelo productivo, impulsando la ciencia y tecnología, la I+D+i; y fortalecer las políticas sociales, extendiendo la protección por desempleo para aquella población con especial necesidad, implementando un sistema de prestaciones sociales básicas coherente para todo el Estado, recuperando el sistema de atención a la Dependencia y fomentando que las pensiones no pierdan poder de compra.
Empleo de calidad, porque se están empeorando las condiciones de trabajo, y cada vez hay menos empleo estable, menores salarios y más temporalidad y precariedad. Son necesarios recursos para, mediante formación y empleo, impulsar el acceso a la contratación y, por tanto, la empleabilidad de las personas.
Recuperar los salarios para dinamizar el consumo, la redistribución de la renta y la igualdad y, con ello, la recuperación económica y el empleo. En nuestro país, de 2010 a 2013 el salario medio por trabajador ha perdido 7,1 puntos de poder de compra y el salario mínimo interprofesional acumula 5,1 puntos de pérdida de poder adquisitivo, desde 2010. Este último tiene que alcanzar los 800 euros en 2016.
Protección a las personas desempleadas, porque 4 de cada diez personas en paro no tienen cobertura por desempleo y alrededor de 2,5 millones de personas son parados de larga duración.
Contra la ley de seguridad ciudadana, porque la reforma que han presentado del código penal y la ley de seguridad ciudadana representa la demolición del Estado constitucional y de derecho y el refuerzo de las funciones represivas.
En defensa de la libertad sindical, porque cerca de 300 sindicalistas han sido sometidos a un proceso judicial, por el mero hecho de ejercer el derecho constitucional de huelga.
Tenemos que defender nuestros derechos.
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