UGT Comarques del Nord participa, como miembro de la Cumbre Social en la concentración convocada por la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Castellón.
Castellón 29 de Mayo de 2014
Durante la concentración varios representantes de entre las asociaciones que han asistido han entrado al Pleno del Ayuntamiento, y han permanecido allí durante 5 minutos como símbolo de protesta.
Posteriormente desde la Plataforma se ha dado lectura del manifiesto:
Queridas familias, amigas y amigos:
Nos encontramos aquí reunidos para denunciar
de nuevo los reiterados ataques a la Ley de la Dependencia, el boicot al que ha estado
sometida desde su entrada en vigor así como al sistemático proceso de
desmantelamiento en el que se halla.
El primero de estos brutales ataques
comenzó con la entrada en vigor de la Orden
21/2012, de 25 de octubre - que establecía el copago en las prestaciones
económicas por cuidados en el entorno familiar de hasta el 90%- y que se sumaba
al recorte del 15% que ya se había
realizado desde el gobierno central. Más tarde vendría la eliminación de la
gratuidad farmacéutica i ortoprotésica a las personas con discapacidad y
dependencia. Y finalmente, por medio del
Decreto 113/02013, de 2 de agosto, el gobierno de Alberto Fabra, establecía el
régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los
servicios sociales, atentando contra otro sector de los Servicios Sociales
limítrofe con el de la dependencia, como es de el de personas mayores y
discapacitadas no dependientes, que también caían víctimas de los copagos. Las
residencias y los centros de día están viendo cómo muchos usuarios no pueden
copagar los servicios que les están dando ahora mismo y son las familias las
que asumen ese gasto, o se ven
obligadas a sacarlos y llevarlos
a casa de nuevo. De momento, más de cien
personas se han visto obligadas a abandonar los centros por no poder hacer
frente a los copagos.
Disfrazan los recortes con palabras como
“sostenibilidad y racionalización del sistema”, cuando lo que se pretende es
una privatización total de los servicios sociales. No vamos a permitir que nos cambien derechos
por caridad. La vida y la salud de las personas con discapacidad y dependencia
no son recortables. Los derechos humanos no son negociables.
Creemos que la aplicación de la Ley de
la Dependencia responde a una cuestión de justicia. Es de justicia que toda
persona pueda desarrollar su proyecto vital con dignidad y con perspectivas de
futuro, por corto o limitado que pudiera parecernos este.
Porque un gobierno digno no envía a las
personas con discapacidad y dependencia al rincón más oscuro de la sociedad.
Respecto, Dignidad y Justicia Social.
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