LA
DESREGULACIÓN LEGISLATIVA CONDENA LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y
LA ECONOMÍA DE NUESTRO PAÍS
El 28 de Abril, Día Internacional
de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, es la jornada que el movimiento
sindical mundial aprovecha para recordar a las víctimas de los accidentes y las
enfermedades producidas por el trabajo, además de reclamar la mejora de las
condiciones que soportan las trabajadoras y los trabajadores.
Y en esta línea la Unión General de
Trabajadores denuncia, que las políticas llevadas a cabo, comienzan a tener
devastadoras consecuencias en términos de salud laboral y pública, que están
contribuyendo a profundizar las desigualdades, y que condenan a nuestro país a
un modelo productivo incapacitado para generar un empleo digno y de calidad.
En este momento la salud laboral se ha convertido en uno de los
objetivos que está en el punto de mira de las élites: el derecho a la seguridad
y a la salud en el trabajo, uno de los objetivos centrales de las políticas sociales
europeas, hoy es considerado un obstáculo para aumentar la competitividad de la
economía europea. Esta argumentación exige reformas legislativas que rebajen la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.
Desde 2011, la Comisión Europea está ahondando en esta línea
planteando sus dudas sobre la necesidad de una Estrategia Europea de Seguridad
y Salud en el Trabajo, afirmando que la prioridad debe centrarse en aliviar a
las empresas de la legislación vigente. El desempleo se utiliza como elemento
de chantaje para desplazar a la salud de los objetivos centrales de las
políticas comunitarias.
La evidencia de la intención desreguladora de la Comisión Europea es
la publicación en octubre de 2013, del programa REFIT (Adecuación y eficacia de
la normativa: Resultados y próximas etapas), un documento que, bajo el paraguas
de conceptos como “regulación inteligente”, “simplificación legislativa” o
“reducción de la carga reguladora”, oculta una de las mayores agresiones
conocidas contra la protección social y del medio ambiente, la salud y
seguridad de los trabajadores, los derechos de información y consulta, y el
diálogo social. En materia de prevención de riesgos ha conllevado, no impulsar
nueva legislación en lo que resta del mandato de la Comisión, lo que supone
paralizar las dos principales iniciativas legislativas comprometidas en la
vigente Estrategia Europea, la revisión de la Directiva de Cancerígenos y la
aprobación de la de Trastornos Musculoesqueléticos, y no trasladar a texto
articulado acuerdos sectoriales firmados en el marco del diálogo social
europeo.
Las políticas del
Gobierno español, insertas en esta corriente neoliberal tienen
como últimas normativas restrictivas en cuestiones de salud y seguridad en el
trabajo:
La Ley de Emprendedores, donde
se recorta el derecho a la prevención de riesgos laborales para las
trabajadoras y los trabajadores y lo deja “merced del empresario”, generando
una discriminación según el tamaño de la empresa y El anteproyecto de
reforma de Ley de Mutuas de diciembre del pasado año. La apuesta del
Gobierno es la de configurar a las Mutuas como únicas entidades capaces de
asumir la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social.
El colofón lo pone la Comunidad Valenciana, en
materia de Salud Laboral, desde 2008 han desaparecido casi todas las
inversiones de la Generalitat Valenciana en esta materia y todas las medidas que se toman son para
recortar inversiones y derechos.
La salud y seguridad de los
trabajadores y trabajadoras valencianas ha dejado de ser una prioridad para la
Generalitat Valenciana, y probablemente lo pagaremos pronto con cifras altas de
siniestralidad, que pese al intento de ocultación, en 2013 ha habido 380
accidentes de trabajo más que en 2012, incluso con un descenso del 3,5% de trabajadores
expuestos.
Punto y aparte merece el subregistro
de las Enfermedades Profesionales en la Comunidad Valenciana. Las mutuas
han descendido alarmantemente el número de partes comunicados. Entre los años
2008 y 2012 han conseguido un descenso de su reconocimiento del 10,54% en
el Total de Enfermedades Profesionales, con un todavía mayor descenso del 42,61%
en el caso de las Enfermedades Profesionales CON BAJA.
Por este motivo desde UGT PV se reclama:
La retirada de aquellos elementos lesivos para los
trabajadores del texto de proyecto de reforma de la Ley de Mutuas.
Una mejora en la normativa de Enfermedades Profesionales
que reduzca el subregistro de éstas, facilite los procesos de reconocimiento y
actualice su listado.
La aprobación de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013-2020 con objetivos precisos de
reducción de la siniestralidad y afloramiento de enfermedades producidas por el
trabajo.
Mantenimiento de las inversiones públicas en materia de
prevención de riesgos laborales.
Por todo ello UGT han convocado en su sede de Castellón el próximo día 28 de abril a las 10:30 una asamblea
informativa con delegados y delegadas de prevención, y posteriormente, a las 12
horas realizará conjuntamente con CCOO una concentración frente a las sede de
la Confederación de Empresarios de Castellón y frente a la sede de la Generalitat Valenciana (casa dels Caragols).
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