FSP
UGT INICIA UNA CAMPAÑA “LA DIGNIDAD ES EL SALARIO” PARA RECUPERAR LA PÉRDIDA
RETRIBUTIVA A LAS QUE NOS HA CONDENADO EL GOBIERNO
El
empobrecimiento de los empleados públicos se constata con el hecho de que hemos
perdido un 25% desde el 2010 y cobramos los
mismos salarios que hace una década. A esto se añade que se han
destruido 500.000 empleos públicos. Todo ello repercute en el Estado de
Bienestar Social que tanto nos ha costado construir.
La
Federación de Servicios Públicos de UGT ha iniciado una campaña en todo el
territorio español con el lema “La dignidad es el salario”, con el fin de poner
freno a una tendencia que viene desde el año 1982, pero que se agrava desde el
2010 y que ha supuesto la pérdida de poder adquisitivo de un 25% del salario
con respecto a las subidas de los precios al consumo, impuestos, etc. A esto se
añade que en la Comunidad Valenciana, por el Decreto Vela, la cifra de pérdida
se eleva a un 30%. Situación que se está paliando de alguna manera con el
Acuerdo de Octubre de 2013 que se firmó en Mesa General.
En
mayo de 2010, los salarios públicos sufrieron un recorte del 5%. A partir de
ese momento las políticas de reducción del déficit han consagrado la
congelación salarial como algo habitual, a lo que se añade el RDL 20/2012 de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria que suprimió la paga
extraordinaria de diciembre de 2012 y el Decreto Vela aquí en la Comunidad
Valenciana. Pero todo al contrario, estas medidas han supuesto el empobrecimiento,
en el caso de nuestra comunidad de cerca de 200.000 empleados públicos. Estamos
cobrando como hace una década y a esta situación le añadimos el importante
aumento de los impuestos directos e indirectos, la subida de las bases de
cotización a los distintos regímenes de Seguridad Social... somos más pobres. Y
por lo tanto, la demanda y el consumo se
ven seriamente perjudicados.
Estas
medidas de contención del gasto en personal no han servido para reactivar la
economía, y lo que han producido es una situación de contención de la demanda
con repercusiones muy importantes para la economía y su reactivación.
Reivindicamos
unos salarios dignos porque la profesionalización de los empleados públicos
(mediante la formación, la cualificación, la promoción y la carrera) constituye
un factor relevante para incrementar la productividad de cada empleado público
y de la organización en su conjunto. Dicha profesionalización conlleva
ineludiblemente un reconocimiento salarial a la progresión desarrollada al respecto,
lo que contribuye a la mejor calidad del trabajo desempeñado. Es además un
instrumento de motivación y compromiso del personal.
El
Estado de derecho requiere equilibrios y contrapesos. Un empleo público fuerte, motivado y con unos
salarios dignos es un factor crucial. Del mismo modo que ninguna democracia
puede funcionar sin partidos políticos y sindicatos, es fundamental una
Administración integrada a todos los niveles por empleados públicos que
ingresen y hagan carrera por méritos profesionales con una contraprestación
salarial que se corresponda con sus funciones y que sirvan a los ciudadanos y
no a los partidos
Solo
la apuesta por un empleo de calidad y salarios dignos y en condiciones de
igualdad, conseguirán ser productivas y podrán competir y sobrevivir a largo
plazo. Para reforzar el Estado de Bienestar es condición necesaria cambiar la
política salarial, pues el salario debe proporcionar a todo empleado público y
sus familias una remuneración suficiente. Sin una remuneración suficiente se
niega la dignidad de la persona y se dificulta su participación en la vida
política, social y cultural.
Unos
salarios dignos suponen la mayor garantía para el desarrollo de unas
prestaciones sociales acordes con las realidades de la ciudadanía, pues contribuyen
a una mayor redistribución de la renta, corrigen desigualdades y refuerza la
cohesión social. FSP-UGT considera necesario restablecer la negociación
colectiva en función de sus principios esenciales: buena fe, publicidad,
transparencia, eficacia y vinculación a lo firmado. Hay que dotar a la
negociación colectiva del protagonismo que el EBEP pretendió. Es un objetivo
irrenunciable negociar en los ámbitos correspondientes (mesas, convenios...) y
tener como meta llegar a las tasas de cobertura salariales anteriores a los
“decretazos”, así como negociar subidas salariales que permitan la recuperación
del poder adquisitivo.
Continuaremos
reclamando la devolución del salario perdido en el recorte del 5% de 2010, en
las sucesivas congelaciones durante cuatro años consecutivos y en la supresión
de la paga extra de diciembre de 2012. No es justo que los empleados públicos
estén afrontando los precios actuales con salarios de una década.
Fuimos
los primeros en hacer sacrificios cuando empezó la crisis y reclamamos al
Gobierno el compromiso de que seamos también los primeros en percibir la
recuperación a través del incremento salarial que nos corresponde.
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