dilluns, 11 d’abril del 2011

Encarna Barragán y Tino Calero presentan la campaña “Por el empleo estable y con derechos” para la recogida de firmas contra la reforma laboral



Los secretarios generales de CCOO de les Comarques del Nord y UGT Plana Alta – Maestrat – Els Ports, Encarna Barragán y Tino Calero, han presentado hoy la campaña de recogida de firmas en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular para cambiar sustancialmente la reforma laboral. Los sindicatos ponen a punto una intensa campaña que se extenderá a empresas, centros de trabajo y lugares públicos para recabar el apoyo de la ciudadanía del País Valenciano. Tras la aprobación por la Junta Electoral Central, a partir de ahora se abre un plazo de nueve meses para recoger en todo el Estado el mínimo de 500.000 firmas necesarias para que el texto de la ILP, promovido por ambas centrales sindicales, sea debatido y votado en el Congreso de los Diputados. Todos los ciudadanos de nacionalidad española, mayores de 18 años e inscritos en el censo electoral podrán firmar la ILP.

La ILP es un texto articulado de Proposición de Ley con el que los sindicatos tratan de corregir los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una reforma que según los dirigentes sindicales “no ha servido para crear empleo ni tampoco ha logrado mejorar su calidad”. En los más de seis meses que lleva en vigor se ha reducido la contratación indefinida y elevado la temporalidad, todo lo contrario de lo que se pretendía con su aprobación.

Efectos de la reforma laboral

Los sindicatos han explicado que la reforma laboral no ha cumplido en absoluto con el objetivo de romper la dualidad en el mercado de trabajo, ni acabar con el paro ni crear mayor estabilidad. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, la contratación en el País Valenciano no experimenta cambios significativos. En febrero de 2011, la contratación indefinida supone un 11,63% de los contratos registrados (11,67% en febrero de 2010, cuando todavía no había reforma). Las centrales destacan que se sigue abusando de la contratación temporal y que no toda la contratación indefinida es de calidad: solo el 57,17% son a tiempo completo (en 2010 eran el 57,20%).
El contrato de fomento del empleo (medida estrella de la reforma) solo representa el 10,23% de los contratos indefinidos iniciales que se registran. Los contratos de formación y prácticas solo se utilizan de forma testimonial: 0,93% el de formación y 0,32% el de prácticas.

Principales objetivos de la ILP
La Proposición de Ley sobre Empleo Estable y con Derechos cuestiona capítulos básicos de la reforma laboral. El objetivo es modificar el contenido de todo lo que afecta a la regulación del despido, a la dualidad del mercado de trabajo, la negociación colectiva y la intervención sindical en la modificación de las condiciones de trabajo, que en su formulación actual lesiona gravemente los derechos de los trabajadores.

Las reformas que contiene la ILP van dirigidas a:
-          Reducción de la segmentación del mercado de trabajo (la brecha entre trabajadores fijos y temporales), favoreciendo el acceso y la permanencia a través de empleos estables y de calidad.
-          Recuperar la causalidad del despido, con garantías para los trabajadores.
-          Favorecer el empleo, especialmente de jóvenes y desempleados, así como fomentar la contratación estable a tiempo parcial y el contrato fijo discontinuo en los sectores donde la actividad es estacional y en los que, en estos momentos, se abusa de la temporalidad.
-          Evitar el fraude en la contratación: combatir el abuso de contratos temporales estableciendo límites en caso de sucesión de contratos, así como una duración máxima de 2 años para los contratos de obra o servicio.
-          Reordenar las medidas de flexibilidad interna, negociadas con sindicatos, para resolver problemas organizativos y productivos de las empresas, y con ello garantizar que no se recurra al despido como única alternativa para salir de la crisis.
-          Potenciar los servicios públicos de empleo y restricción de la actuación de las ETT en sectores de especial peligrosidad y en las Administraciones Públicas. 

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